La Bahía de Cádiz padeció ayer una nueva jornada de movilizaciones de los astilleros en tres frentes diferentes, que se saldaron con enfrentamientos con la policía, cortes de circulación y cruces de acusaciones entre sindicatos y empresa. Izar ha ofrecido su colaboración con la fuerzas de seguridad porque sospecha que su material se utiliza «para organizar agresiones» mientras que los representantes de los empleados de Puerto Real denunciaron ayer un«intento de espionaje» al hallar cámaras y equipos de sonido, dicen,en el lugar donde iban a celebrar la asamblea de trabajadores.

Las movilizaciones se iniciaron en San Fernando, donde, por sorpresa, más de mil operarios salieron a la calle a las siete de la mañana. Durante media hora cortaron la N-IV a la altura del Puente de Hierro y un grupo reducido ocupó la vía del tren, donde colocó barricadas y objetos. Esta protesta afectó a dos talgos y a los cercanías hasta cerca de las 10 de la mañana.

Al mediodía, se iniciaron las protestas en Cádiz y Puerto Real. En la capital gaditana, agentes antidisturbios y trabajadores mantuvieron un fuego cruzado intercambiando botes de humo y pelotas de goma contra tuercas y barras metálicas. Algunos empleados tuvieron que ser atendidos en una enfermería improvisada al quedar afectados por la humareda.

Al mismo tiempo, los operarios de Puerto Real ocuparon parte del Puente Carranza rodeados por más de 20 furgones antidisturbio a un lado y otro del que es uno de los dos únicos accesos a Cádiz. En esta factoría, la indignación sindical era enorme tras haber descubierto, dijeron, cámaras y equipos de sonido en el interior de la factoría, donde iban a celebrar una asamblea. Los sindicatos llevarán este asunto a los juzgados y presentarán una denuncia contra la subdelegación del Gobierno por «espionaje» y contra la dirección de Izar, «por haber permitido la entrada de la Policía dentro de dependencias de la empresa sin que se hubiese producido ningún acto delictivo».

La empresa defiende su postura porque, según expresó sospecha que tanto el material como las instalaciones de la empresa «podrían estar utilizándose por parte de manifestantes violentos para planificar y ejecutar agresiones tanto a los bienes públicos como a las fuerzas de seguridad». Justifican su actitud en que «la empresa ni puede ni quiere ser cómplice».

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, Felipe Alcaraz, y la diputada por Sevilla, Concha Caballero participaron en un asamblea de trabajadores de Izar-Sevilla, a la que asistieron unos 600 empleados y que transcurrió sin incidentes aunque con una abundante presencia policial.